La nueva decisión del Comité de Investigación y del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia de declarar en busca y captura a varios funcionarios ucranianos, tanto actuales como anteriores, carece de toda fuerza jurídica. Su objetivo es generar un efecto propagandístico dirigido a la audiencia interna.

Estas decisiones son adoptadas unilateralmente por los órganos del estado agresor. Carecen de validez jurídica en cualquier jurisdicción y no generan consecuencias de derecho internacional. Por sí solas, no pueden constituir fundamento para la búsqueda internacional, la detención o la extradición de las personas correspondientes. Cualquier utilización de los mecanismos de cooperación policial internacional debe ajustarse al Estatuto de INTERPOL, cuyo artículo 3 prohíbe a la Organización intervenir en asuntos de carácter político o militar.

Por el contrario, recordamos las decisiones reales, y no las inventadas, adoptadas por órganos internacionales y ucranianos competentes en relación con los crímenes cometidos en el marco de la agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania, incluidas las decisiones relativas a las más altas autoridades de la Federación de Rusia.

El 17 de marzo de 2023, la Sala de Cuestiones Preliminares II de la Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra el Presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin. La Corte concluyó que existen motivos razonables para considerar que es responsable de crímenes de guerra consistentes en la deportación ilegal y el traslado ilegal de niños ucranianos desde las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación de Rusia.

Asimismo, el 24 de junio de 2024, la CPI emitió órdenes de detención contra el entonces Ministro de Defensa de la Federación de Rusia, Serguéi Shoigú, y el Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, Valeri Guerásimov. Se les imputan crímenes relacionados con ataques contra la infraestructura energética de Ucrania.

La Fiscalía de Ucrania también lleva a cabo procedimientos penales contra representantes de la dirigencia rusa por hechos constitutivos de crímenes internacionales cometidos contra Ucrania.

Estas decisiones y procedimientos se basan en los mecanismos establecidos por el derecho internacional y el derecho nacional y son de obligatorio cumplimiento.

La justicia para los criminales rusos es inevitable. Los intentos del estado agresor de crear una imagen «espejo» falsa respecto de los funcionarios ucranianos están condenados al fracaso.