La violencia sexual relacionada con los conflictos (VSRC) sigue siendo una de las violaciones de derechos humanos más crueles y extendidas en las guerras contemporáneas. Se utiliza como una estrategia deliberada y sistemática del agresor para intimidar a la población civil, destruir las estructuras sociales y debilitar la resistencia.

Las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) y 2467 (2019) establecieron una base jurídica y política para combatir la VSRC, incluida la creación del mandato del Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre la violencia sexual en los conflictos.

La Federación Rusa viola gravemente las normas del derecho internacional humanitario y las disposiciones de las resoluciones mencionadas, al continuar utilizando la violencia sexual como arma de guerra en el marco de su agresión a gran escala contra Ucrania. El mundo debe conocer todas las manifestaciones de este vergonzoso fenómeno por parte de la Federación Rusa.

Según la Oficina del Fiscal General, hasta junio de 2025 se han documentado 366 casos confirmados de violencia sexual relacionada con el conflicto, entre ellos 231 mujeres, 134 hombres y 19 menores de edad. Estos crímenes incluyen violaciones, tortura sexual, desnudez forzada y otras formas de violencia de carácter organizado y sistemático, que constituyen una grave violación del derecho internacional humanitario.

Los mecanismos internacionales de supervisión —como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania de la ONU, la Misión de Vigilancia de la ONU para los Derechos Humanos en Ucrania, el Representante Especial del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados, así como los informes en el marco de la OSCE— han aportado numerosas pruebas de la naturaleza sistemática de estos crímenes.

La violencia sexual en los conflictos está estrictamente prohibida por las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales, que garantizan la protección de la población civil, especialmente mujeres y niños, y prohíben la tortura, el trato cruel, inhumano o degradante. Según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, estos actos se consideran crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Los responsables deben rendir cuentas conforme al derecho internacional y nacional.

Ucrania cumple de manera constante sus compromisos en virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que exige una protección integral de las mujeres frente a todas las formas de violencia, incluida la violencia sexual como herramienta de guerra.

En 2025, Ucrania preside la Alianza Global para combatir la violencia sexual en los conflictos, que reúne a más de 29 Estados y organizaciones internacionales. En su papel de presidencia, Ucrania subraya la necesidad de fortalecer la solidaridad internacional, asegurar la inevitabilidad del castigo para los culpables, aplicar mecanismos de reparación para las víctimas y reforzar los sistemas judiciales nacionales.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania hace un firme llamado a la comunidad internacional a unir esfuerzos para combatir la violencia sexual relacionada con los conflictos, aumentar el apoyo a las víctimas y garantizar la rendición de cuentas por estos crímenes, que representan una violación inaceptable de los derechos humanos y del derecho internacional. Solo mediante esfuerzos conjuntos se puede alcanzar la justicia, asegurar la rehabilitación de las víctimas y prevenir la repetición de tales crímenes en el futuro.

Rusia debe rendir cuentas por los crímenes de guerra, incluidos aquellos relacionados con la violencia sexual.