Las instrucciones de Vladimir Putin sobre la eliminación de las consecuencias del desastre ecológica en el mar Negro, anunciadas hoy, parecen ser francamente ostentosas.
Entre el 15 y el 31 de diciembre de 2024, se produjeron fugas de productos derivados del petróleo desde los buques petroleros dañados en el estrecho de Kerch, mientras que las autoridades rusas no tomaron ninguna medida efectiva para resolver el problema. Fue solo cuando la magnitud de la catástrofe se hizo demasiado evidente para ocultar sus aterradoras consecuencias ecológicas que el liderazgo ruso comenzó a mostrar su supuesta "preocupación".
El accidente de los tanques Volgoneft-212 y Volgoneft-239, ocurrido en el estrecho de Kerch debido al uso de buques obsoletos y el desprecio por las normas de seguridad de la navegación, confirma la incapacidad de Rusia para adherirse a los estándares de seguridad de la navegación.
Esta catástrofe es una consecuencia directa de la agresión rusa contra Ucrania, de las actividades empresariales criminales de Rusia en los territorios temporalmente ocupados y en las aguas ucranianas, lo que amenaza no solo la ecología de la región, sino también la vida y la salud de las personas en todos los países costeros del mar Negro.
La práctica rusa de primero ignorar el problema, luego reconocer su incapacidad para solucionarlo y finalmente dejar toda la región del mar Negro a su suerte frente a las consecuencias es otra prueba de su irresponsabilidad internacional.
Lo antedicho es también una prueba adicional de que el uso por parte de Rusia de una "flota sombra" para el transporte ilegal no solo genera miles de millones de ingresos para el agresor, sino también aumenta los riesgos de desastres ecológicos y pérdidas para los estados costeros. Por ello, Ucrania insta a reforzar las sanciones contra los operadores la "flota sombra" de Rusia.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional para intensificar la presión sobre Rusia para poner fin a sus actividades ilegales en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania y para responsabilizarla por el daño transfronterizo causado al medio ambiente y a las personas.