En 2005, Ucrania ratificó la Convención sobre la prohibición del uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, conocida como la “Convención de Ottawa”, y desde entonces ha cumplido de manera responsable con sus disposiciones.

Sin embargo, la Federación de Rusia, que no es parte de la Convención de Ottawa, ha desatado una agresión armada contra Ucrania y, desde 2014, ha utilizado extensamente minas antipersonal como método de guerra. A partir de 2022, con el inicio de la invasión a gran escala del territorio ucraniano, el uso masivo de tales medios por parte de Rusia ha creado una ventaja asimétrica para el agresor.

Cabe destacar que, al momento de la firma y ratificación de la Convención de Ottawa por parte de nuestro Estado, tales circunstancias no existían ni podían preverse.

De este modo, Ucrania se encuentra en una situación desigual e injusta que limita su derecho a la legítima defensa, consagrado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

Ucrania no es el único país que se ha visto obligado a enfrentar la difícil disyuntiva entre cumplir con sus obligaciones en virtud de la Convención de Ottawa y defender eficazmente su patria de un agresor brutal que desprecia todas las normas del derecho internacional.

La agresión armada de la Federación de Rusia contra Ucrania ya ha llevado a varios Estados —Letonia, Lituania, Estonia, Polonia y Finlandia— a revisar su postura y tomar una decisión política conjunta de retirarse de la Convención de Ottawa.

La comunidad internacional debe ser consciente de que, desde la adhesión de Ucrania y de estos Estados a la Convención de Ottawa, la situación de seguridad regional se ha deteriorado considerablemente.

Por ello, ante la imperiosa prioridad de defender a nuestro país de la brutal agresión rusa, de proteger nuestro territorio de la ocupación y a nuestra población de las atrocidades cometidas por Rusia, Ucrania ha tomado una decisión política difícil pero necesaria: cesar el cumplimiento de obligaciones que ya no resultan pertinentes en el marco de la Convención de Ottawa. Estamos convencidos de que esta decisión es necesaria y adecuada frente al nivel de las amenazas, ya que está en juego la supervivencia de Ucrania como Estado soberano, independiente y libre.

En una situación en la que Rusia lleva a cabo un genocidio con el objetivo de destruir a Ucrania como Estado y a los ucranianos como nación, Ucrania se ve obligada a dar absoluta prioridad a la seguridad de sus ciudadanos y a la defensa de su Estado. Esto incluye también su participación en instrumentos y mecanismos del derecho internacional.