El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania llama la atención de la comunidad internacional sobre la decisión del gobierno de la Federación de Rusia de iniciar los tramites para retirarse del Convenio Europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes.
Este paso constituye de hecho una confesión de culpabilidad: la práctica sistemática de la tortura y el intento de evadir la responsabilidad por graves violaciones de los derechos humanos. Actualmente, Rusia es un territorio de ilegalidad y de humillación de la dignidad humana. La decisión de retirarse de dicho Convenio no hace sino consolidar esta realidad y coloca definitivamente a Rusia entre los países para los cuales el valor de la vida y la dignidad humanas es igual a cero.
A diferencia de la mayoría de los demás tratados internacionales en este ámbito, que se basan principalmente en declaraciones, informes o revisiones periódicas, el Convenio contiene un mecanismo preventivo de visitas tanto regulares como imprevistas a los lugares de detención por parte del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), con el fin de verificar directamente las condiciones de detención y el trato a las personas.
Desde febrero de 2022, Ucrania ha insistido y sigue insistiendo sistemáticamente en la exclusión de Rusia de todos los mecanismos de cooperación en el marco del Consejo de Europa. Esto se debe a la profunda comprensión del hecho de que Rusia se ha transformado en un Estado totalitario dominado por un aparato represivo que viola sistemáticamente los derechos humanos, socava la democracia y desprecia el Estado de derecho.
Solo las disposiciones procedimentales del Convenio, que no prevé la expulsión forzosa de un Estado parte, permitían a Rusia seguir siendo formalmente parte de este importante instrumento jurídico internacional. Al mismo tiempo, Rusia destruía de hecho el mecanismo del Convenio: no participaba realmente en el trabajo del CPT y no permitía la entrada en su territorio de los expertos del Comité para examinar y documentar la situación en materia de torturas.
Esto forma parte de la práctica más amplia de la Federación de Rusia de bloquear el acceso independiente, en particular al negar al Comité Internacional de la Cruz Roja pleno acceso a los lugares de detención, incluidos los centros donde se mantienen prisioneros de guerra. Todo ello demuestra que Rusia está cerrando sistemáticamente cualquier canal de control internacional, intentando ocultar al mundo la terrible verdad sobre el sistema de centros de tortura creado en el país, y recuperando así su tristemente célebre reputación de “imperio de prisiones”.
Fue precisamente la constante presión política, legal y pública de Ucrania en el Consejo de Europa y otros formatos internacionales, junto con la documentación sistemática de los crímenes y la movilización de socios, lo que privó a Rusia de la posibilidad de simular ‘cooperación’ con los mecanismos de prevención de la tortura y condujo a la formalización de su intención de eludir el control independiente.
Un país que utiliza la tortura como un componente inseparable de su política no puede ser parte de un Convenio que tiene como objetivo unir a los Estados de derecho. La responsabilidad del Estado agresor por los numerosos crímenes, incluida la tortura, debe ser inevitable. Ucrania insiste en la pronta utilización de los mecanismos internacionales para responsabilizar a los culpables y hace un llamado a la comunidad internacional a actuar de manera activa y sin demora.