El 5 de marzo de 2026, las fuerzas de seguridad de Hungría detuvieron en la carretera de circunvalación de la ciudad de Budapest a 7 empleados y 2 vehículos del servicio de transporte de valores del Banco Estatal de Ahorros de Ucrania (JSC “Oschadbank”), que realizaban el traslado desde la ciudad de Viena hacia Ucrania de una carga valiosa en cumplimiento de un contrato internacional entre Raiffeisen Bank International AG (Austria) y JSC “Oschadbank”.

La carga que se transportaba desde Austria hacia Ucrania había sido documentada de conformidad con las normas internacionales de transporte y con los procedimientos aduaneros europeos vigentes.

La parte húngara sabía que los empleados de la empresa de transporte de valores no estaban armados; sin embargo, la detención de los ciudadanos de Ucrania fue llevada a cabo por el Centro Antiterrorista de Hungría. Para la operación se desplegó un vehículo blindado de transporte de personal, y los efectivos del Centro Antiterrorista que participaron en la detención estaban armados con ametralladoras y lanzagranadas.

Tras el regreso de los ciudadanos a Ucrania, se conocieron detalles sobre su detención y el trato recibido, que indican graves violaciones por parte de Hungría de sus obligaciones en virtud del derecho internacional, en particular del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

Aunque los detenidos tenían el estatus de testigos, fueron mantenidos esposados durante 28 horas. Durante todo el tiempo fueron trasladados con los ojos vendados.

A los ciudadanos de Ucrania les fueron confiscados sus efectos personales, incluidos los teléfonos móviles, y se les privó de la posibilidad de informar sobre su detención y su paradero a sus familiares, a la Embajada de Ucrania en Hungría o a su empleador. La mayoría de los objetos personales incautados durante la detención no fueron devueltos.

Cuando el estado de salud de uno de los detenidos empeoró - persona con discapacidad que requiere un régimen alimenticio especial y la toma regular de medicamentos - la asistencia médica le fue prestada únicamente después de que perdiera la conciencia. Además, al enfermo de diabetes se le administró por la fuerza un medicamento, tras lo cual el ciudadano experimentó un brusco aumento del nivel de azúcar en la sangre y una crisis hipertensiva, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital.

Las autoridades policiales húngaras hicieron todo lo posible para privar a los ciudadanos ucranianos detenidos de cualquier tipo de apoyo. Los detenidos fueron sometidos a presión psicológica y física.

En violación de todas las normas generalmente aceptadas, a los ciudadanos de Ucrania no se les garantizó la posibilidad de prestar declaración en su lengua materna; con los ucranianos se comunicaban en ruso.

A los detenidos no se les brindó la posibilidad de recurrir a la asistencia de un abogado, ignorando tanto las solicitudes de los propios detenidos como las gestiones del abogado contratado para su defensa.

A pesar de las solicitudes oficiales de la Embajada de Ucrania para que se permitiera el acceso del cónsul a sus compatriotas y de las peticiones de los propios detenidos, las fuerzas del orden húngaras impidieron la celebración de tal encuentro.

En la comunicación dirigida a la Embajada de Ucrania, la unidad de investigación del Servicio Nacional de Impuestos y Aduanas de Hungría indicó la posibilidad de la presencia de un cónsul durante las diligencias de investigación con los compatriotas detenidos. No obstante, posteriormente los funcionarios de los servicios húngaros implicados evitaron comunicarse con los representantes de la misión diplomática o proporcionaron información falsa sobre el paradero de los ciudadanos de Ucrania.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania considera inaceptables e inadecuadas tales acciones de las autoridades húngaras, que constituyen una violación cínica de una serie de disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y de la Convención Consular entre Ucrania y Hungría.

Aunque no existían pruebas de la implicación de los ciudadanos ucranianos detenidos en actividades ilícitas y durante todo el tiempo ellos mantuvieron el estatus de testigos, a propuesta de la Oficina de Protección de la Constitución de Hungría, el 6 de marzo de 2026 la parte húngara adoptó la decisión de deportar a los ucranianos y de imponerles una prohibición de entrada al espacio Schengen por un período de tres años. Esto parece constituir un castigo contra ciudadanos de Ucrania por no haber proporcionado los testimonios que la parte húngara esperaba obtener.

Recordamos asimismo la exigencia de devolver de inmediato los vehículos incautados pertenecientes al banco estatal ucraniano, así como los valores que se transportaban.

Subrayamos la inadmisibilidad de tales acciones arbitrarias, que pueden equipararse a la toma de rehenes y al robo de bienes.

Insistimos en la necesidad de una reacción firme a nivel europeo frente a este acto de bandolerismo estatal.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania exige que todas las personas responsables del secuestro de ciudadanos ucranianos, del trato brutal hacia ellos, de la presión, intimidación y malos tratos, de la negativa a permitir el acceso a la asistencia consular y a medicamentos, de la privación de comunicación y de otras violaciones de sus derechos, así como del robo de bienes y valores pertenecientes a JSC “Oschadbank”, sean llevadas ante la justicia.

La parte ucraniana buscará justicia utilizando todos los medios jurídicos nacionales e internacionales disponibles.

Ucrania se reserva el derecho de adoptar las medidas de respuesta apropiadas.